La conflictividad laboral fue la constante durante la Transición. Y el modelo pactado necesitaba frenar las luchas de los trabajadores. Por eso necesitaban repetir hasta la saciedad la idea del consenso. Es decir, no sacar a los muertos de las cunetas, aceptar a políticos que habían firmado sentencias de muerte en Gobiernos de la dictadura, aceptar un Rey elegido por Franco como su sucesor, perder capacidad adquisitiva, aceptar resignadamente la violencia de la extrema derecha. Consenso. Es decir: yo hablo, tú te callas y obedeces. Los pactos de la Moncloa fueron apoyados por los partidos y los sindicatos (la patronal no cumplió) cuando la Constitución aún no estaba aprobada. Carrillo ofreció a Suárez lo único con lo que podía negociar a cambio de una silla en la mesa: la paz social a través del control que tenía de Comisiones Obreras. El PCE ganaba así un espacio político que no había conseguido en las urnas al ganarle la mano el PSOE pese a su inexistente lucha contra el franquismo.

Los Pactos de la Moncloa anticiparon el comportamiento que iba a repetirse con la Constitución: un acuerdo entre élites que evitase cualquier desbordamiento popular a través de exigencias de participación que no pudieran controlarse. Como había dicho en 1975 Samuel Huntington, había que frenar los “excesos de democracia” y el marco institucional nunca podía ser construido desde abajo. Pese a todo, 1978 fue el año de mayor conflictividad laboral de la nueva etapa parlamentaria. Y la ciudadanía seguía exigiendo para recuperar las libertades perdidas, la calidad de vida perdida, la dignidad perdida. Llegó el intento de golpe de estado del 23F de 1981 y todo volvió a detenerse. Un golpe que triunfó en todos sus extremos. El PSOE llegaría en 1982 disciplinado al gobierno. Y ya estábamos en la OTAN. Y los sindicatos firmaron un acuerdo con la patronal. Y se detuvieron las exhumaciones de las fosas. Y el Rey ya lo era de todos los españoles. Y todo seguía atado y bien atado.

El 23F no era importante por sí mismo. Lo relevante era el relato. Da igual que fuera el entorno del Rey Juan Carlos quien organizara el golpe. De aquella opereta saldría como el salvador de la democracia. Algo parecido está ocurriendo con la declaración de la República catalana. Lo relevante es lo que queda del discurso. Aunque esa declaración no vaya a ningún lado. El nuevo relato ya está construido: España se rompe, necesitamos el acuerdo de los que no quieren que las cosas cambien realmente (los que han vaciado la Constitución se llaman constitucionalistas, igual que los traidores a la patria en 1936 se llamaron a sí mismos nacionales). Pongámonos de acuerdo para solucionar este terrible problema, sentemos las bases de la nueva convivencia y que el nuevo Rey sancione que, gracias a su buen hacer, hemos salido de una gran amenaza.

Por el camino, se habrán devorado el impulso popular de cambio que expresó el 15M; se habrán cargado la posibilidad de solventar el reto catalán con un referéndum como el escocés en una España diferente donde no hiciera falta que nadie se marchara; habrán dinamitado las exigencias de acabar con la corrupción. Será una quimera lograr un sistema electoral que acabe con la desproporcionalidad y ahonde en la democracia, imposible alcanzar un rango constitucional garantizado a los derechos sociales, inhallable la real la independencia judicial, ni asumir que el desarrollo tecnológico destruye ya de manera plena empleo y se apliquen soluciones imaginativas, garantizar una renta básica a quienes no tengan trabajo o sean trabajadores pobres, sancionar que torturar animales no es cultura y que sea imposible por ley negar las medicinas, la luz, el agua, la vivienda y la comida a quien no pueda pagársela. Y que nos pregunte por la jefatura del Estado. Porque esa es la España en la que queremos vivir. Moderna, democrática, solidaria. Muy al contrario, los Pactos de la Moncloa que quieren resucitar en mitad del ruido van a sancionar todas las reformas hechas. Todos los partidos que firmen ese acuerdo asumirán las reformas laborales, el atraco al bienestar del artículo 135, el Pacto de Estabilidad, las privatizaciones, los rescates a los bancos, los desahucios, los bancos malos y los bancos peores, las sanciones a los inmigrantes, la amnistía fiscal…