Al  hilo del post anterior, reproducimos el artículo aparecido en Tortuga el 23 de enero de 2014 (CC 4.0) sobre el SAT y su propuesta de insumisión judicial.

En 2011 la dirección nacional del SAT, con su Portavoz Nacional, Diego Cañamero, a la cabeza, decidió poner en práctica una nueva medida de protesta por la represión histórica que sufre este sindicato. Tanto anteriormente el Sindicato de Obreros del Campo como la posterior conformación del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as han sufrido la persecución judicial y policial por su lucha en defensa del pueblo trabajador andaluz.

Toda la dirección del SAT se declaró "insumisa judicial" y, desde entonces, sólo se presentan ante los jueces si los llevan por la fuerza. Esto es debido a que ningún sindicato en toda Europa soporta los niveles de represión que está padeciendo el SAT: medio millón de euros en multas, más de 400 compañeros y compañeras procesadas y peticiones de cárcel de más de 60 años.

Esto supuso la detención de Diego Cañamero el 9 de septiembre de 2.011, que fue puesto en busca y captura tras no presentarse a declarar ante el juez como imputado por la actuación de los piquetes informativos durante la huelga general del 29 de septiembre de 2.010. El Delegado de Educación de la Junta de Andalucía acusó falsamente a Diego Cañamero, en calidad de dirigente del SAT, de coaccionar a profesoras para que hicieran huelga. A partir de ahí han sido múltiples las detenciones de nuestro Portavoz Nacional por no ir a declarar en los numerosos procesos judiciales que tiene abiertos.

Como declaraba el propio Diego: “Mientras que el Gobierno use a la "justicia" como instrumento represivo contra el sindicalismo andaluz de clase no reconoceremos esta mal llamada "justicia" y seguiremos declarándonos "insumisos judiciales". Somos conscientes de que podemos ir a la cárcel pero afrontamos ese riesgo a sabiendas de que la razón y la verdadera justicia están de nuestra parte”.

Las acciones del SAT se han intensificado de aquel tiempo a esta parte y con ella la represión que hemos viniendo sufriendo. Veremos a continuación parte de los procesos judiciales en los que estamos envueltos:

Esta Finca está gestionada por el Ejército Español, que utiliza 20 de las 1.200 hectáreas que tiene para la cría de caballos, teniendo abandonadas las 1.180 restantes. En esa comarca existe más de un 60% de paro y ante esta injusta situación el SOC, anteriormente, y ahora el SAT, ha ocupado numerosas veces esta propiedad demandando que pase a cooperativas de trabajadores para crear empleo.

Por la ocupación del verano de 2.012, donde estuvimos 16 días acampados limpiando la finca, fuimos juzgadas 54 personas imputadas por un supuesto delito de usurpación, daños y resistencia grave a la autoridad. Se nos impuso una fianza preventiva de 6.000 euros a cada militante. El juicio, realizado el 11 y 12 de noviembre de 2013, fue respondido por el sindicato con la decisión de no presentarse la mayoría de los 54 imputados/as salvo una delegación de 4 personas que actuarían de portavoces. La condena, anunciada recientemente, ha sido de 7 meses de cárcel y 1.200 euros para 4 militantes, entre ellos Diego Cañamero y Sánchez Gordillo, y un quinto compañero fue condenado a pagar 1.200 euros. El resto fuimos absueltos.

Por la segunda ocupación estamos imputados 14 militantes por un delito de usurpación, de los cuales 3 -nuestro Portavoz Nacional Diego Cañamero, el responsable del Área de Juventud Óscar reina y yo, Néstor Salvador, Responsable Territorial de Granada- continuamos la práctica de insumisión judicial y no nos hemos presentado a las citaciones judiciales correspondientes.

Por esta acción estamos procesados 22 compañeros acusados de robo con fuerza, agresión y desórdenes públicos. 7 de nosotros fuimos detenidos los días posteriores, el resto han sido llamados a declarar durante el 2013, no habiendo declarado aún, al ser también insumiso judicial -y a día de hoy en busca y captura-, Manuel Rodríguez, Responsable de la Tesorería Nacional del sindicato y Diputado Provincial.

Por la expropiación de material escolar en Carrefour estamos siendo llamados a declarar 26 militantes del sindicato acusados de un delito de robo, de los cuales 4 somos insumisos judiciales: Diego Cañamero, Óscar Reina, Manuel Rodríguez y yo. Por esta causa, al no haberme presentado a las 2 citaciones que se me enviaron, me encuentro actualmente en busca y captura por el juzgado de instrucción número 9 de Granada.

La Fiscalía de Sevilla ha pedido condenas de entre cuatro años y medio y seis años de cárcel para catorce militantes del sindicato que impidieron la entrada de profesores a un instituto durante la huelga general de noviembre de 2.012. Además, se pide una multa de 5.400 euros para cada compañero.

Estos casos son algunos ejemplos de los cientos de procesados que tiene el Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores: 600 procesados, más de 600.000 euros en multas, y más de cien años de petición de cárcel, es lo que sumamos en estos momentos por el simple delito de querer trabajar en nuestra tierra, por el delito de resistirnos a emigrar como nuestras madres y abuelas, por la osadía de reivindicar que se reparta la tierra, la comida, la vivienda… En definitiva, por defender esa proclama, por la que asesinaron al compañero Javier Verdejo, que decía: “Pan, trabajo y libertad”.

A nivel político la insumisión supone, como recogíamos antes en las palabras de Diego, el no reconocimiento de esta justicia capitalista y españolista, esta justicia que ha demostrado durante años que tiene una función de garante del modelo social y político construido en la transición y que no es más que el continuismo del Régimen Franquista, basado en dos pilares fundamentales:

Defensa de la propiedad privada y de los privilegios de la oligarquía, y Defensa de la unidad nacional española.

Bajo este modelo de “justicia”, quien lucha por los derechos laborales y sociales, quien lucha por los derechos nacionales de los pueblos, quien busca cambiar el modelo es y será perseguido por la justicia; porque va contra sus leyes y, ante esto, los que nos declaramos insumisos judiciales asumimos el reto y denunciamos, precisamente, que en el Estado Español no hay justicia, que en los tribunales españoles suelen estar firmadas las sentencias antes de que se produzcan los juicios.

En los casos de corrupción de la monarquía, de los partidos políticos o de los banqueros, donde los fiscales y jueces actúan de abogados defensores de los propios imputados, y el que se sale del guión -como el caso Blesa- es apartado de la judicatura y acaba siendo incluso denunciado.

Otro caso es el de la doctrina Parot, donde tuvo que ser un tribunal europeo el que les dijera a los jueces y fiscales del Estado Español que se saltaron los derechos humanos durante años, aumentando así, ilegalmente, las penas de prisión de muchos presos y presas para mantenerles entre rejas el mayor tiempo posible sin legitimidad alguna.

Ante todo esto, creemos que la militancia más consciente tiene que dar un paso al frente y denunciar que el sistema judicial imperante forma parte del engranaje de un régimen: el Régimen Español que tiene que caer. Que no es un problema de los policías que no se ponen el número de placa, o del antidisturbios que golpea a gente inocente. Eso sólo es la punta del iceberg de un estado autoritario basado en los elementos antes mencionados, y ante eso hay que plantear una denuncia teórica y práctica.

Un segundo elemento importante es la insumisión como forma de romper el miedo. El estado y sus fuerzas represivas siempre han utilizado la amenaza de la detención, de las sanciones y la agresión como formas de establecer la paz social. Asumir que te detengan rompe con su amenaza y les pone a ellos, frente a la sociedad, en la contradicción de perseguir a sindicalistas que realizan acciones no violentas, detener a gente –como ya hemos visto- por llevar comida a quien no la tenía, llevar material escolar a chavales que no tienen, reivindicar fincas sin explotar para trabajarlas…

En definitiva, debemos acelerar las contradicciones del régimen por un lado y, por otro, transmitir al resto de la militancia y movimientos sociales que hay que profundizar en la desobediencia, que en una situación de emergencia como en la que se encuentra Andalucía -donde hay 300000 familias en el umbral de la pobreza o miles de familias desahuciadas- no vale con las manifestaciones y las concentraciones, no vale con las pancartas. Que hay que dar un paso más y pasar a la ofensiva, ya sea con las expropiaciones de comida, sea con las ocupaciones de vivienda, sea con otras formas de lucha… Esto incluye la insumisión a sus leyes, incluye poner la insumisión y la acción directa en el eje de nuestras luchas, coloca la denuncia al régimen en el centro de nuestras reivindicaciones y, sobre todo, pretende que cada vez más gente pierda el miedo a desobedecer y a luchar, asumiendo que el coste a pagar puede ser muy alto pero que no hay otra forma de tirar los regímenes sino con la lucha, con la organización y con la rebeldía. Como dice el compañero Cañamero:

“Ellos piensan que con las multas, los palos, las detenciones y la cárcel pueden parar los derechos y las aspiraciones justas de las personas ¿se pude detener el viento, parar la lluvia, ocultar el sol, silenciar el trueno de una tormenta?

Ellos tendrán, los jueces, la prensa, el dinero, la policía, el ejército, los votos, las instituciones… Pero nunca la verdad de la justicia”.